El abandono de la conservación se confirma como el mal endémico de las carreteras españolas
En los últimos diez años se han emitido, al menos, 25 millones de toneladas más de CO2 a la atmósfera. La sociedad española ha tenido que pagar “ese precio” consecuencia de la inacción de los gobiernos central y autonómicos en conservación de las redes de carreteras a su cargo. El último informe “Necesidades de Inversión en Conservación” de la Asociación Española de la Carretera (AEC) realizado en el segundo semestre de 2019 lo denuncia. Afecta a las vías competencia del Estado y a las que gestionan las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales.
En términos generales, el estudio revela cómo la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas, un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros, y que, a partir de 2009, ha sido abandonado a su suerte víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos. En concreto, entre 2009 y 2019 para la red dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han disminuido los recursos destinados a conservación y seguridad vial un 76%.
Así, de los 100.000 kilómetros de carreteras representados en la muestra auditada por la AEC, 10.000 presentan graves deterioros en más del 50% de la superficie del pavimento. Roderas, grietas en las rodadas, agrietamientos gruesos, desintegraciones, deformaciones y grietas erráticas son los daños más frecuentes, los cuales pueden afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la comodidad, eficiencia y seguridad de la circulación e incrementando las emisiones de gases a la atmósfera.
La Asociación Española de la Carretera comenzó a realizar en 1985 campañas de inspección visual de la red viaria para conocer el estado de la pavimentación y del equipamiento, y estimar la inversión necesaria para alcanzar niveles de servicio adecuados.
7.500 millones de euros
En el año 2001 la conservación de la red viaria aprobaba holgadamente este examen periódico. En 2019, roza el muy deficiente.
Para revertir esta situación, se requiere una inversión mínima de 7.463 millones de euros, para las redes del Estado y Autonómica y Foral, divididos en 2.376 millones para la red que gestiona el Estado (25.000 kilómetros) y 5.087 millones restantes, para la que administran los gobiernos autonómicos y forales (75.000 kilómetros).
La última auditoría de la AEC, de 2017, muestra que las necesidades de conservación de las carreteras españolas se han incrementado un 5,7% en poco menos de una década. Además de la minora en seguridad vial, aumentan las emisiones y se incrementan los consumos de combustible.
La Estrategia “Sistema Seguro” –reducir a la mitad el número de fallecidos por accidentes de tráfico en 2030-, la Ley de Movilidad y la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada son tres de los cuatro grandes desafíos que están en la hoja de ruta del actual Ejecutivo, pero que pueden verse amenazados si la situación de las infraestructuras viarias no da un giro de 360 grados. El cuarto, alcanzar la neutralidad climática en 2050 como meta fundamental del Pacto Verde Europeo, es, sencillamente, una quimera desde la óptica en la que las administraciones públicas españolas han instalado sus políticas de movilidad.
La solución que apunta esta organización pasa por la financiación con recursos provenientes de los presupuestos generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, fondos europeos (ayudas a la recuperación post-Covid…) y sistemas de pago directo.
Principales conclusiones:
- El estado del pavimento obtiene la peor nota en 20 años
- Hay que renovar 374.000 señales de código (no se han estudiado las de orientación), el 72% con el reflectante caducado
- Es necesario repintar las marcas viales en 38.500 kilómetros de carreteras
- Las barreras metálicas experimentan una tímida mejora
- El balizamiento empeora, aunque sigue gozando de buena salud
- El déficit de inversión en las carreteras españolas se incrementa un 5,7% en dos años
