El transporte público pide al Estado mayor implicación en la movilidad

437
Reconstrucción de un carenado

 Ante la inminente aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) pide al Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con la movilidad sostenible, pues actualmente subvenciona el 7% de lo que cuesta cada año el sistema.

En este sentido, el coste se ha mantenido prácticamente intacto en los últimos siete años, cuando las subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis, lo que está limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra el cambio climático.

En total, la Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, inyecta anualmente 51 millones de euros a más de 90 municipios, cuando los costes ascienden hasta los 5.000 millones. Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y, este año, también Valencia, y que se financian mediante los llamados contratos programa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al ser su transporte público más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.

Para ATUC es fundamental una mayor implicación del Estado, que debería como mínimo llegar al 15% de la financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte público urbano y metropolitano.

De tener España un marco legal para la financiación del transporte público, la norma permitiría establecer criterios diferentes y más justos a la hora de repartir las subvenciones a los ayuntamientos. En la actualidad, el reparto que hace Hacienda se establece de media en un 85% en función del déficit por billete, aportando más en aquellos casos en que los ingresos por billetes cubren menos costes y dejando a un lado factores tan importantes como la eficiencia.

Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “tenemos un esquema de financiación de transporte público sin pies ni cabeza que debe ordenarse en una Ley de ámbito estatal. No podemos pretender que el transporte público sea la gran alternativa de movilidad en este momento de lucha contra el cambio climático si ni siquiera las ciudades saben con qué dinero van a contar durante el año. Además, es necesario que empezamos a ver el transporte urbano desde una óptica nacional. Si la contaminación es un problema nacional, ¿por qué no tiene su misma consideración su solución? Y todo ello amparado en una mayor coordinación entre ministerios, desde Hacienda a Transición Ecológica, pasando por Fomento”.

Fuente: ATUC a partir de datos del Ministerio de Hacienda
*No se incluyen las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y Valencia