Fundación MAPFRE, Aesleme y AEC proponen un pacto de estado por la seguridad vial para reducir los accidentes

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Reducir a cero el número de víctimas en accidentes de tráfico y unir fuerzas para cambiar la tendencia al alza de la siniestralidad vial que se viene produciendo desde 2014. Es el objetivo de un ambicioso plan, compuesto por más de 80 medidas, entre Fundación MAPFRE, la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico (Aesleme) y la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Instan a todos los partidos políticos a que asuman un Pacto de Estado por la Seguridad Vial cuyo foco sea Objetivo Cero víctimas. También les piden que introduzcan la seguridad vial en el debate político y que incluyan acciones concretas en sus programas electorales para frenar los siniestros viales, que en España acabaron con la vida de 1.830 personas en 2017, cerca de 5 víctimas al día, y causaron más de 9.000 heridos graves.

Carreteras que perdonan

Incrementar en 300 millones de euros la partida destinada a la conservación viaria en los Presupuestos Generales del Estado para recuperar el déficit acumulado, mejorar el firme de las carreteras e invertir en equipamiento que salva vidas (como las barreras de seguridad), así como en vías 2+1, mayor señalización e iluminación, especialmente en carreteras convencionales (por las que circula el 40% de los vehículos y donde se producen cada año el 75% de los accidentes mortales) son medidas dirigidas a mejorar las infraestructuras. El informe plantea corregir, con carácter urgente, los tramos peligrosos, donde se concentran más accidentes, y poner en marcha un programa de “carreteras que perdonan”, que contribuya a reducir la siniestralidad por salida de vía, causa por la que fallecen 4 de cada 10 conductores.

Vehículos, plan PIVE y Alcolocks

El plan manifiesta la necesidad de que los fabricantes de automóviles   acorten   los   plazos   para   incorporar   los   últimos   avances tecnológicos como elementos de serie y desde las versiones más económicas. También sugiere al Gobierno que trabaje en un nuevo Plan PIVE para facilitar la renovación de un parque de vehículos más seguros y ecológicos, y que promueva la instalación de limitadores inteligentes de velocidad, así como otros sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y alcolocks, este último, tanto en los vehículos de conductores profesionales como en aquellos que utilicen las personas con problemas de adicción al alcohol.

Ciudades sostenibles y ciclistas

También hay que reforzar la seguridad de las ciudades, donde fallecieron 509 personas en 2018 y 4.780 heridos hospitalizados. Se proponen medidas para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas), creando más vías para ciclistas y promoviendo el uso del casco en ciudades.

Sugiere reforzar la señalización, promover vehículos más seguros y menos contaminantes y desarrollar un programa para usuarios de patinetes y otros sistemas de movilidad personal urbana, que restrinja su uso exclusivamente en determinadas calles, donde el límite máximo de velocidad es de 30 km/h, y garantice su salida de las aceras.

También han de incrementarse las zonas a 30 km/h, que protegen a niños, mayores y ciclistas, y promover campañas de concienciación para reducir el número de peatones que fallecen tras haber consumido drogas o alcohol.

Lesionados medulares y conductores mayores

Disminuir el tiempo de respuesta –los llamados “minutos de oro” – en caso de accidente grave y crear un protocolo que permita trasladar al herido lo antes posible al hospital más adecuado a su lesión, son clave para salvar vidas. Así, una de las medidas del informe defiende incorporar a los servicios de Urgencias de los hospitales a psicólogos especializados en atender a las víctimas de accidentes viales, y ampliar el número de unidades sanitarias públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares) para que puedan ser tratados precozmente y cuenten con una asistencia especializada multidisciplinar.

También propone que se reconsideren los protocolos de exámenes psicotécnicos para conductores mayores de 70 años, y un estudio exhaustivo de las limitaciones de la persona (vista, oído, medicación, somnolencia y problemas psiquiátricos, entre otros), para establecer, con mayor precisión, sus posibles restricciones al permiso de conducción.

Justicia

Inmediatez de la justicia, fomento de los juicios rápidos y aplicación estricta de la ley para evitar sentencias contradictorias. El documento plantea que se agilicen los procedimientos judiciales, que se mejore la atención a las víctimas en los Tribunales de Justicia y que intervenga el Ministerio Fiscal en todos los procesos penales por siniestros con fallecidos o heridos graves. Defiende la importancia de que se incremente la formación de fiscales y magistrados sobre el baremo de indemnización a víctimas (en vigor desde el 1 de enero de 2016); que se elaboren los atestados con información más detallada sobre la situación de las víctimas, como por ejemplo, si el desplazamiento se realizaba por motivos laborales; y que se tipifique en el Código Penal el uso del móvil en el transporte escolar y de viajeros como conducción temeraria.

Más formación y educación

Son las mejores herramientas para prevenir y reducir la siniestralidad vial. El informe de Fundación MAPFRE, AESLEME y AEC (disponible aquí) defiende incluir 10 horas mínimas de clases teóricas obligatorias presenciales de seguridad vial para mejorar la formación de los nuevos conductores; promover los simuladores de conducción como complemento a la formación actual teórica y práctica para la obtención del permiso de conducir; y fomentar los cursos de conducción segura para personas con poca experiencia o con más de 20 años de carné.